Sindicalistas panameños pidieron este martes al nuevo presidente José Raúl Mulino un programa de recuperación económica para los miles de trabajadores que quedaron “abandonados” tras el cierre de una mina de capital canadiense.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, situada en la costa Caribe, cesó operaciones luego de que el 28 de noviembre de 2023 la Corte Suprema panameña declarara “inconstitucional” el contrato de concesión, después de cinco semanas de protestas que semiparalizaron al país, convocadas por grupos ecologistas que la acusaban de dañar el ambiente.
“Nunca se presentó un plan de reinserción laboral” para los miles de despedidos tras el cierre del yacimiento de la compañía canadiense First Quantum Minerals, dijo el presidente del sindicato de trabajadores de la mina, Michael Camacho, en rueda de prensa.
“Luego de ocho meses de cierre de la mina, miles de trabajadores [y] de productores de esas comunidades [aledañas] se han quedado sin su sustento diario, condenados al hambre, a la desesperación y al olvido”, indicó por su parte el líder de la central sindical UGT, Aniano Pinzón.
Camacho afirmó que a los campesinos que vendían alimentos a la mina “no se les dijo qué va a pasar con ustedes”. “Fuimos engañados, abandonados” por el anterior presidente Laurentino Cortizo, sustituido por Mulino el 1 de julio, agregó.
De los más de 7.000 empleados de la mina solo quedan unos 1.400 en labores de mantenimiento “y los más de 1.600 trabajadores de las comunidades aledañas a la mina quedaron totalmente desamparados”, dice una carta enviada a Mulino por los sindicalistas.
En la misiva piden “poner en marcha un plan de recuperación económica y social en los distritos afectados por el cierre de la mina”, que incluya programas de reconversión laboral y apoyo a emprendimientos.
Además, los dirigentes advirtieron que en el yacimiento quedaron miles de toneladas de concentrado de cobre que deben ser exportadas para evitar que contaminen el ambiente (su comercialización fue prohibida tras el cierre).
“Hay aproximadamente 132.000 toneladas de concentrado de cobre en este lugar” y “pueden causar más adelante emanaciones de gases”, dijo Facundo Acosta, vocero de las comunidades cercanas.
“Nos preocupa porque nosotros vivimos aproximadamente a un kilómetro de distancia”, agregó.
Mulino ha propuesto a la minera canadiense un diálogo “en calma” para evitar un arbitraje en el que Panamá podría ser condenado a pagarle una millonaria indemnización. También ha mencionado una posible reapertura de la mina para luego hacer un cierre ordenado.
La mina producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB del Panamá.
